El costo del combate al cambio del clima se repartiría de acuerdo con la responsabilidad efectiva de cada país

JOSÉ ISRAEL VARGAS

Delante de los desafíos de los problemas ambientales globales, el ordenamiento internacional incluye hoy instrumentos específicos para enfrentarlos. Entre ellos se destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, o Convención del Clima.

El cambio del clima al que se refiere la convención es el calentamiento global derivado de la intensificación del efecto invernadero, causado por la emisión de ciertos gases a una tasa más elevada que la de su remoción natural de la atmósfera.
Las previsiones son de un aumento de cerca de 3° C en la temperatura media de la superficie de la Tierra hasta el año 2100.

El problema es serio, y la solución no está al alcance de medidas de emergencia, porque las emisiones de gases de efecto invernadero están fundamentalmente relacionadas a las acciones humanas: derivan, por ejemplo, de la producción y del uso de combustibles fósiles, de actividades industriales y cambios en el uso de la tierra.

No es posible eliminarlas totalmente, pues eso significaría alterar de manera brusca necesidades de la vida moderna. Si no es posible, felizmente también no es la única alternativa. Es suficiente con mantener las emisiones dentro de límites en que los mecanismos naturales de la atmósfera puedan compensarlas.

Los gases que hoy existen en la atmósfera, como el CO2, CH4 y N2O, son resultantes de emisiones acumuladas a lo largo de 150 años. Igualmente los efectos de las emisiones actuales solamente se sentirán dentro de varias décadas, repercutiendo en términos de elevación de la temperatura y del nivel del mar solamente en el final del próximo siglo.

La Convención del Clima -firmada durante Río-92- estableció como objetivo común la estabilización de las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero en niveles seguros, tomando como base las emisiones de los países en 1990. Lo esencial es decidir sobre los niveles de emisiones a tolerarse en un futuro próximo y, después, definir la división del onus entre los países para obtener las reducciones necesarias.

Lo que ahora está en juego es la discusión del llamado Protocolo de Kyoto, que se llevará a la 3ª Conferencia de las Partes, en diciembre próximo, en aquella ciudad japonesa. El documento establecerá metas cuantitativas de reducción de las emisiones de los países desarrollados para el 2005, 2010 y 2020 y las providencias para poder alcanzarlas.

Las negociaciones del Protocolo de Kyoto deben atender a principios establecidos por la propia Convención del Clima. Uno de esos puntos es el reconocimiento de que las emisiones tienen efecto por un largo tiempo. De esa manera, la situación actual se debe, en gran parte, a las emisiones -actuales y pasadas- de los países industrializados.

Por eso, ese grupo de países debe asumir la delantera en la aplicación de medidas de reducción de sus emisiones. Para los países en desarrollo, como es el caso de Brasil, cuya industrialización es, comparativamente, reciente e incompleta, no se establecen compromisos adicionales.

Tienen bajo su responsabilidad establecer programas para el tratamiento de la cuestión, sin, no en tanto, que se definan metas cuantitativas de reducción de emisiones. Sus programas de reducción aún estarán condicionados a que los países industrializados tornen disponibles recursos financieros y tecnológicos adecuados.

Brasil está procurando colaborar para una adecuada exposición y solución de los problemas, de manera que se solventen las necesidades de desarrollo social y económico con los condicionantes de los problemas ambientales globales, de forma justa para países desarrollados y en desarrollo. Es de esa forma que elaboró propuestas para el Protocolo de Kyoto y las puso en la mesa de negociaciones.

La propuesta brasileña, preparada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dosifica de forma práctica la repartición del costo del combate al cambio del clima de acuerdo con la responsabilidad efectiva de cada país medida por la parcela de contribución para el aumento de la temperatura media y no solamente por las emisiones actuales.

La propuesta brasileña también contiene un mecanismo de provisión de recursos financieros para cubrir las acciones preventivas en los países en desarrollo. Se trata de un fondo mundial, a alimentarse por contribuciones impuestas a los países industrializados que no cumplan las metas. Ese fondo de desarrollo limpio se basa en el principio del "contaminador paga".

Nos parece una solución creativa en el sentido de repartir de manera justa el onus del combate al cambio del clima. Eso es esencial para los países en desarrollo, cuyos sistemas sociales y económicos están, en general, menos preparados para enfrentar cambios.

Brasil es un pequeño emisor de gases de efecto invernadero. Eso se debe, entre otros factores, al potencial hidroeléctrico y al uso de combustibles renovables, en particular el alcohol. Todavía existe una peculiaridad relacionada con el uso de la tierra, que nos convierte en el país cuyas emisiones disminuyeron más, en términos relativos, en todo el mundo. Eso se deriva de la existencia en nuestro territorio de una gran área de bosques y de la reducción de la tasa anual de deforestación en la región del Amazonas, de un valor superior a 2 millones de hectáreas al año, en la segunda mitad de la década de los 80, para 1,5 millones de hectáreas anuales actualmente.

Como nación responsable, a pesar de todo, no podemos omitirnos delante de medidas decisivas para el futuro de la humanidad. El pasado mes de junio, el presidente Fernando Henrique Cardoso, ante la sesión especial de la Asamblea General de la ONU para evaluar la aplicación de la Agenda 21, mencionó el "espíritu de Río" como mayor legado de Río-92, que "forjó una nueva asociación global para el crecimiento económico modelado por la justicia social y por la utilización sostenible de los recursos naturales". Reafirmó la disposición de "continuar en el vanguardia del proceso que creó uno de los momentos más expresivos del entendimiento internacional". Es exactamente en esa línea que Brasil está conduciendo el trabajo sobre el cambio climático.

José Israel Vargas, 69 años, es ministro de Ciencia y Tecnología. Fue presidente del Consejo Ejecutivo de la Unesco (1987-89).